Tras las últimas declaraciones de Iceta, funcionarios protestan ante «la falta de atención a su problemática y de medidas inmediatas»

El sector de los interinos se manifiesta en contra de las políticas que realiza el Gobierno ante la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y la “pasividad” de resolución del conflicto. Por ello, ayer se organizó en Valencia una concentración con más de 500 personas en auxilio a la búsqueda de medidas inmediatas.

Más de 800.000 personas en España se encuentran bajo la incertidumbre de su futuro laboral debido a las incongruencias jurídicas que amparan sus contratos laborales. En Elche son más de 400 personas en el Ayuntamiento organizados en labores estructurales se encuentran en situación de la interinidad y, dentro de estas, un total de 250 afectados en temporalidad prolongada en un plazo mayor al estipulado.

El portavoz de los interinos en el Ayuntamiento de Elche y delegado de la Comunidad Valenciana de la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley, Enrique Vicedo, tras las declaraciones de Miquel Iceta, ministro de Función Pública, en la comisión de control el jueves pasado, califica esta situación como “sumamente injusta” ya que, “el Gobierno trata de ofrecer soluciones paralelas a la sentencia del Tribunal Justicia Europeo y eso es imposible, puesto que tienen que acatar a la máxima responsable en este caso”.

Por otro lado, la presión política actual sobre la polémica la lidera Compromís que ha recurrido el Acuerdo de la Mesa que acepta el veto del Gobierno a la Proposición de Ley de la coalición sobre los interinos en abuso por el presente acuerdo que se realizó para dar cumplimiento a la sentencia europea. El rechazo a la Proposición de Ley por parte del Senado fue realizado por el gasto presupuestario de 1.800.000 euros que supondría la ejecución de la acción.

Actualmente la situación de los interinos se ve peligrada por la convocatoria de plazas lanzadas en los ayuntamientos. Concretamente, el Ayuntamiento de Elche ha presentado el informe donde la convocatoria de plazas cubiertas por los 250 afectados en la ciudad están fechadas para antes de que finalice el año.

En el marco legal actual, los afectados deberían abandonar su puesto de trabajo sin la posibilidad de optar a una proporción disuasoria (indemnización) dada a su despido ya que se encuentran fuera de la ley.

Desde las instituciones municipales han declarado que no pueden actuar hasta que el Gobierno central y autonómico no se pronuncien, por lo que las convocatorias de plazas seguirán adelante hasta nuevo parecer, según las declaraciones de Iceta el jueves pasado.

Los sindicatos a excepción de CCOO demandan la paralización de las plazas que repercutan a los afectados interinos que están sometidos al Fraude de Ley. La razón por la que Comisiones Obreras sigue en una línea de actuación paralela es porque apoya la oferta laboral como política fundamental.

Ante la disconformidad en el discurso del Gobierno en relación con la sentencia europea, los funcionarios van a recurrir de manera masiva a realizar denuncias en la Comisión Europea debido a que, “no están cumpliendo con una sentencia que está por encima de su potestad y prevalece por encima de cualquier otra línea de actuación”.

Los sindicatos dedicados a la polémica ya planean otras concentraciones para las próximas semanas. La más reciente será el 11 de abril en cada capital de provincia mediante una caravana de coches promovida por la plataforma MI15F, las demás plataformas se sumarán a la concentración mientras estudian otros movimientos para fechas próximas.

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